Sin embargo, la forma en que se está llevando a cabo este proceso en Federación y zonas aledañas revela otra cara igual de alarmante: la del abandono institucional.

Más de 700 personas con pensiones no contributivas en Federación han sido citadas a presentarse en la ciudad de Chajarí, entre el 28 de julio y el 2 de agosto, en jornadas que incluso incluyen días sábado. Muchos de los beneficiarios no cuentan con recursos económicos para trasladarse, ni con redes de apoyo que los ayuden a enfrentar el proceso burocrático. Y las cartas documento que reciben, en algunos casos, están desactualizadas o con direcciones erróneas.

¿Dónde está la política cuando no hay votos en juego?

Mientras los afectados lidian con la angustia de no saber si podrán cumplir con la auditoría, los distintos sectores políticos se refugian en su ya conocido juego de pases de factura el justicialismo acusa a los libertarios de la falta de previsión; La Libertad Avanza no reconoce responsabilidades, y la Unión Cívica Radical elige el silencio. Nadie ofrece soluciones concretas, ni siquiera un gesto de acompañamiento.

La hipocresía queda al descubierto cuando se compara esta situación con lo que ocurre durante los comicios en épocas de elecciones, las combis, autos y “colaboradores” sobran para llevar votantes, incluso personas con discapacidad. Pero ahora, cuando se trata de una necesidad urgente y real, la política brilla por su ausencia.

El problema no es la auditoría en sí que resulta necesaria para frenar abusos y recuperar la credibilidad del sistema, sino la forma inhumana, improvisada y desconectada de la realidad con la que se ejecuta. No se puede exigir puntualidad, documentación médica, ni presencia física, cuando no se garantiza siquiera el traslado o la orientación adecuada a los beneficiarios. No es justo pedir esfuerzo sin garantizar derechos.

La discapacidad no se negocia. Tampoco se usa. Mucho menos se abandona.

Este proceso deja a la vista no solo la fragilidad del entramado institucional, sino también la necesidad urgente de políticas públicas sostenidas, empáticas y planificadas. Es hora de que los dirigentes salgan de sus despachos, escuchen y actúen. La verdadera política no es la que promete en campaña, sino la que da respuestas concretas cuando más se necesitan.

La auditoría puede servir para sanear el sistema, pero no debe convertirse en un calvario para los más frágiles. La transparencia y la justicia social deben caminar juntas, no enfrentadas. Porque cuando la política se ausenta, el desamparo se vuelve norma. Y en Federación, hoy, esa norma tiene rostro de discapacidad.

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