Esta práctica no solo pone en duda la independencia de las instituciones, sino que también revive el antecedente de la polémica designación de una jueza de paz en la gestión anterior. Dicho nombramiento derivó en un funcionamiento deficiente del juzgado, como lo denuncia actualmente el Colegio de Abogados, y expuso una dinámica donde los cargos judiciales parecen ser utilizados como moneda de cambio político.

Particularmente preocupante es el cambio de postura del radicalismo local, que en el pasado rechazaba designaciones sin transparencia, pero ahora parece ceder sus principios de honradez administrativa y republicanismo. Este giro genera malestar entre quienes confiaron en que la oposición representaría una alternativa ética.

Es urgente que quienes tienen el poder de decidir en este proceso reflexionen sobre las consecuencias de sus actos. La comunidad necesita jueces designados por su capacidad, no empleados municipales con salarios elevados y dependencia política. Federación merece instituciones sólidas que sirvan al interés colectivo y no perpetúen prácticas clientelistas que dañan la confianza ciudadana.

La responsabilidad política es clave para garantizar una administración pública comprometida con el bienestar social. Ojalá este sea un punto de inflexión hacia decisiones que prioricen la ética y la justicia.