La comisión administradora del Río Uruguay (CARU) atraviesa uno de los momentos más tensos de los últimos años, luego de que salieran a la luz graves denuncias por presuntas irregularidades administrativas y financieras que involucran a la delegación argentina ante el organismo binacional.
05/02/2026
Jorge Bravo
Según documentación aportada por delegados uruguayos y enviada al diario Clarín, existe un fuerte malestar del lado oriental por una serie de pedidos realizados por los representantes argentinos, considerados como mínimo irregulares. Las denuncias también fueron reflejadas por el diario El Telégrafo de Paysandú, en Uruguay, y por Análisis Digital, en Argentina.
Uno de los principales cuestionamientos apunta a que los delegados argentinos, designados “ad honorem” por el gobierno del presidente Javier Milei, en el marco del plan de ajuste y reducción del gasto público, habrían cobrado y reclamado gastos de representación por montos cercanos a los 8.000 dólares estadounidenses por delegado. Esto, pese a que al ser nombrados sin remuneración debían continuar percibiendo sus salarios en sus organismos de origen y quedar excluidos de ese tipo de beneficios financiados por la CARU.
A esto se suma otro punto que generó fuerte rechazo en la delegación uruguaya. Actualmente, la Argentina cuenta con cuatro delegados en la Comisión, tras la renuncia de Ingrid Jetter en julio de 2025, pero aun así se pretendía cobrar el monto total correspondiente a cinco representantes. Ese reclamo elevaría el gasto mensual a casi 50.000 dólares, sin que se haya rendido una explicación clara de por qué se solicita el pago por un integrante que no se encuentra en funciones.
Funcionarios del Gobierno uruguayo elevaron notas formales expresando su preocupación por el uso discrecional de los fondos y la falta de criterios consensuados en la asignación de gastos dentro de un organismo que, por su carácter binacional, requiere decisiones acordadas entre ambas partes. En la Argentina, la situación también generó repercusiones políticas y no se descarta que diputados de la oposición impulsen pedidos de informe en el Congreso Nacional.
Según consta en el Boletín Oficial, la delegación argentina ante la CARU está integrada por Luis Montero, presidente del organismo; Francisco Mansanta; Agustina Piñeiro, todos ellos de origen político; y la diplomática de carrera del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, María Laura Ojeda, quien aún no ha alcanzado el rango de embajadora. Todos fueron designados “ad honorem”, lo que implicaba que continuaran percibiendo sus salarios en sus organismos de origen y que quedaran excluidos de la percepción de gastos de representación financiados por la CARU.
Documentación interna del organismo revela que en noviembre de 2025 se avanzó en un proyecto de resolución para que los gastos de representación correspondientes a los cinco delegados argentinos se depositaran en una cuenta del Banco de la Nación Argentina, con sede en Montevideo, a nombre de la delegación argentina, pese a que el país funcionaba con solo cuatro representantes. La iniciativa no fue aceptada por la delegación uruguaya, que percibe los gastos por delegado y no de manera global.
Otro foco de conflicto
Las tensiones se profundizaron cuando la delegación argentina solicitó a la CARU el financiamiento de una obra vial en territorio entrerriano, con un costo estimado en 15 millones de dólares. El pedido estaba vinculado a trabajos sobre la Ruta Nacional N.º 136, que conecta Gualeguaychú, en la provincia de Entre Ríos, con Fray Bentos, en Uruguay.
La solicitud incluía tareas de repavimentación de la calzada, mejoras en banquinas y trabajos de mantenimiento general. Sin embargo, desde Uruguay rechazaron el pedido al considerar que contradice el espíritu y las normas de la CARU, que solo puede financiar obras de carácter binacional y no proyectos que beneficien exclusivamente a una de las márgenes del río Uruguay. “La CARU no es un banco de obras nacionales”, señalaron desde la delegación oriental.
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