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title: "Escándalo en el Concejo de Federación: el asesor legal del hospital San José denunció presuntas irregularidades y advirtió que irá a la Justicia"
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# Escándalo en el Concejo de Federación: el asesor legal del hospital San José denunció presuntas irregularidades y advirtió que irá a la Justicia

Aseguró que hubo advertencias previas sobre su presunta nulidad y exigió que se identifique quién presentó la nota. “Todos los concejales que han levantado la mano lo levantaron por un delito”, afirmó, aunque será la Justicia la que determine si existieron responsabilidades penales.

Un fuerte cuestionamiento al accionar del Concejo Deliberante de Federación realizó el asesor legal del hospital San José, el doctor Lucas Román, quien denunció presuntas irregularidades en el tratamiento de una resolución relacionada con un pedido de incremento del personal de enfermería. El abogado aseguró que se habría utilizado una hoja extraída de un expediente administrativo para presentarla como un reclamo formal de agentes del nosocomio.

En una entrevista concedida al programa Entre Líneas, de Radio UNO Federación, Román calificó lo ocurrido como un “escándalo público” y sostuvo que la situación excede una disputa política, al considerar que podría comprometer la legalidad de los procedimientos administrativos y la responsabilidad de funcionarios públicos.

Una hoja de un expediente que terminó en el Concejo

Según explicó el asesor legal, el documento cuestionado formaba parte de un expediente administrativo que se encontraba en trámite ante el Ministerio de Salud de Entre Ríos. En ese procedimiento se gestionaban distintas necesidades del hospital, entre ellas la posibilidad de solicitar un aumento del personal de enfermería.

Román indicó que, aparentemente, alguien habría fotografiado una hoja de ese expediente y la habría presentado ante el Concejo Deliberante como si se tratara de un reclamo formulado por agentes del hospital.

El abogado remarcó que dos de los tres agentes públicos cuyas firmas aparecían en la documentación solicitaron que se dejara sin efecto la actuación, al sostener que sus firmas habían sido utilizadas para una finalidad distinta de aquella para la que habían sido estampadas.

“Usaron la firma y el sello en un expediente, en una nota”, explicó Román, quien consideró que el documento fue sacado de su contexto original y utilizado para impulsar una resolución legislativa.

Advirtió que la resolución sería nula

El asesor legal sostuvo que, una vez conocida la situación, se advirtió al Concejo Deliberante sobre los cuestionamientos que pesaban sobre la documentación y la presunta nulidad del acto que se pretendía aprobar.

Sin embargo, según su relato, el cuerpo legislativo avanzó con el tratamiento y aprobó la resolución por mayoría, pese a las objeciones planteadas.

Román consideró que el procedimiento habría vulnerado las jerarquías administrativas y los mecanismos de verificación que deben respetarse antes de utilizar documentación pública para fundamentar una decisión institucional.

En ese sentido, cuestionó que no se hubiera consultado a los agentes involucrados para confirmar si ratificaban el contenido y el propósito con el que se pretendía utilizar sus firmas.

Qué pidió el abogado al Concejo Deliberante

El asesor legal confirmó que presentó un pedido formal ante el cuerpo deliberativo para que deje sin efecto la resolución cuestionada y que informe, mediante el acta correspondiente, quién ingresó la documentación, de qué manera lo hizo y bajo qué procedimiento fue recibida.

“Quiero pensar que debería tratarse en sesión”, expresó, al considerar que el Concejo debe esclarecer lo sucedido y determinar cómo llegó esa nota a formar parte del trámite legislativo.

Consultado sobre la posibilidad de avanzar judicialmente, Román afirmó que cuenta con instrucciones para llevar la investigación hasta las últimas consecuencias y establecer quién habría utilizado indebidamente la documentación.

También señaló que la dirección del hospital y el Ministerio de Salud están al tanto de la situación y que se busca determinar quién fue el responsable de la presunta irregularidad.

Las posibles responsabilidades penales

Durante la entrevista, Román mencionó posibles figuras delictivas que, a su entender, podrían estar involucradas, entre ellas abuso de firma, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público y utilización de documentación pública falsa.

No obstante, se trata de calificaciones planteadas por el abogado y no de delitos cuya comisión haya sido acreditada judicialmente. La eventual existencia de responsabilidades penales deberá ser determinada por las autoridades competentes.

El letrado también sostuvo que quienes votaron la resolución podrían quedar comprometidos si se comprobara que participaron de un procedimiento irregular, aunque aclaró que considera necesario establecer cómo se incorporó la documentación y qué conocimiento tenían los concejales sobre su origen.

No identificó al bloque que presentó la documentación

Uno de los puntos que permanece sin esclarecer es quién presentó la hoja cuestionada ante el Concejo Deliberante y qué bloque político impulsó su incorporación.

Durante la entrevista, Román indicó que la resolución fue aprobada por mayoría, pero reconoció que no contaba con la información necesaria para precisar qué concejales habían intervenido ni qué bloque había ingresado la documentación. Precisamente, uno de los pedidos presentados apunta a obtener esos datos de manera oficial.

Por ahora, la controversia abre interrogantes sobre el procedimiento utilizado, el origen del documento y la actuación de los integrantes del cuerpo deliberativo.

El caso plantea una cuestión central: determinar si se utilizó documentación administrativa fuera de su finalidad original para respaldar una decisión política y, en ese supuesto, establecer quiénes fueron los responsables y qué grado de conocimiento tuvo cada uno de los involucrados.

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