Jorge Bravo
La decisión, que contaría con el aval del presidente de CAFESG, Carlos Cecco, provocó un marcado quiebre interno dentro del oficialismo, con posiciones abiertamente enfrentadas. Rastelli tomó distancia tanto del gobernador como de Cecco, y aseguró: “Si me preguntan en lo personal, no estoy de acuerdo”.
Postura autónoma y pedido de explicaciones.
El legislador intentó reunirse con el secretario general de la Gobernación Mauricio Colello durante una reciente visita a Federación para expresar su desacuerdo, pero no logró concretar el encuentro. Al conocer la posible existencia de un decreto que oficializaría esta redistribución, Rastelli participó de una reunión junto a concejales radicales y autoridades partidarias de Federación para fijar una posición común.
“Esta no es una discusión menor. Es una cuestión que hace a la historia misma de Federación y al resarcimiento por el impacto de la represa. Y por eso, todos los federaenses debemos involucrarnos”, expresó.
Cuestión de porcentajes y de coherencia política.
Rastelli hizo hincapié en la falta de información precisa sobre los porcentajes que recibirían Federación y Santa Ana en el nuevo esquema, considerando que, según el actual reparto, el 50% de los excedentes se destinan a los departamentos Federación y Concordia. “Queremos saber con claridad cuánto le corresponderá a Federación, y a Santa Ana, por su vínculo directo con el impacto de la construcción de la represa de Salto Grande. Dejamos una ciudad atrás, y muchas promesas históricas aún no se han cumplido”, reclamó.
En ese marco, pidió que si se avanza con esta ampliación, se contemple un porcentaje especial para Federación y Santa Ana, en reconocimiento a su historia y a los daños sufridos por el emplazamiento de la represa.
Además, recordó que ya hubo antecedentes similares en gobiernos anteriores, cuando por motivos político-electorales se amplió la región beneficiaria de CAFESG incluyendo departamentos sin relación directa con Salto Grande. “Se sumaron Villaguay, San Salvador, Federal, Feliciano, Concepción del Uruguay... En ese momento también nos opusimos como concejales. No entendíamos el impacto que justificara esa decisión”, comparó. Y agregó: “Hoy, lo que se pretende hacer es prácticamente lo mismo”.
Cuestiones legales pendientes
Recordemos que el diputado también había advertido por haber sido vocal de CAFESG en su momento que la incorporación de nuevos departamentos debe realizarse por ley, y no mediante por un decreto del Poder Ejecutivo. Como es de público conocimiento “La ley de CAFESG establece que este tipo de decisiones deben pasar por una Comisión Bicameral. Si se avanza por decreto, se vulnera la norma”.
Por último, admitió que a diferencia del pasado, los nuevos departamentos propuestos (Gualeguaychú e Islas del Ibicuy) sí son ribereños del río Uruguay, lo que permitiría abrir una discusión distinta. “Pero para eso necesitamos estudios serios, informes concretos y fundamentos técnicos. No simples decisiones políticas sin sustento”, cerró.
Redacción- La Última Campana
