Ricardo Bravo anticipó que llevará el decreto del Ministro Caputo a la justicia

Bravo afirmó que, amparándose en las leyes provinciales y la autonomía de los municipios, recurrirá a la justicia si es necesario para defender la postura de su ciudad.

En diálogo con un cronista de 7Paginas, Bravo comentó que la medida impulsada por Caputo no es aplicable a la provincia de Entre Ríos. “La provincia y los municipios tienen autonomía, y el componente de tasa municipal es para absorber el consumo de energía eléctrica del alumbrado público", explicó el jefe comunal. Detalló que este monto no es recibido directamente por el municipio, ya que ENERSA lo utiliza como parte del pago de impuestos al ocupar espacios públicos.

Durante la reunión prevista para esta tarde de dia martes con el gobernador Rogelio Frigerio y otros intendentes en Paraná, Bravo llevará este planteo. “Le pediremos al gobernador que defienda esta postura, y si no surte efecto, acudiremos a la justicia”, adelantó.

El intendente también aclaró que la medida de Caputo parece responder a situaciones originadas en Buenos Aires, donde se incluyen tasas que no están relacionadas con el consumo de energía eléctrica, algo que no sucede en Entre Ríos. “Lo único que se cobra en la provincia es el consumo del alumbrado público, que es un servicio esencial para la seguridad de los vecinos”, enfatizó.

Bravo advirtió que, de no poder compensar los costos del alumbrado público, se podrían apagar sectores de la ciudad, afectando el bienestar de la comunidad, especialmente en el contexto de la crisis económica actual. Además, criticó las políticas del gobierno nacional, calificándolas de “nefastas” y enfocadas en beneficiar a un pequeño grupo empresarial en detrimento de las provincias y municipios.

Finalmente, el intendente expresó su preocupación sobre el impacto económico que esta medida tendría en Federación, destacando que ya hay meses en los que el municipio debe cubrir los gastos del alumbrado público con fondos adicionales y que los mismos, en los últimos meses rondan los 50 millones de pesos. “Si el municipio no puede aplicar una tasa, el costo será insostenible, y eso nos obligará a tomar decisiones que generarán malestar en la comunidad”, concluyó Bravo.

Redacción de 7Paginas