Jorge Bravo
La principal modificación es la reducción de la edad a partir de la cual los adolescentes pueden quedar sometidos a un proceso penal el nuevo régimen alcanza a quienes tienen 14 años y hasta antes de cumplir los 18, siempre que sean imputados por un delito previsto en el Código Penal o en leyes penales especiales.
La normativa establece un sistema específico de responsabilidad penal juvenil, cuyo objetivo no es solamente sancionar, sino también promover la educación, la resocialización y la integración social de los adolescentes.
PENAS DE HASTA 15 AÑOS
La nueva legislación establece que las personas adolescentes no pueden recibir prisión ni reclusión perpetua. El máximo de las penas privativas de la libertad es de 15 años, aun cuando la escala penal correspondiente al delito sea superior.
Además, la ley determina que cuando la pena prevista para el delito sea de hasta tres años de prisión, debe reemplazarse por alguna de las sanciones alternativas previstas en el régimen, siempre que se cumplan las condiciones legales.
Para determinados delitos con penas superiores a tres y de hasta diez años, también puede disponerse el reemplazo de la prisión por sanciones alternativas, cuando no haya existido muerte de la víctima, violencia física o psíquica grave y el adolescente no registre condenas u otros procesos en trámite en las condiciones establecidas por la norma.
MEDIDAS ALTERNATIVAS A LA CÁRCEL
La ley prioriza medidas que permitan responsabilizar al adolescente sin recurrir necesariamente al encierro.
Entre las sanciones contempladas aparecen la amonestación, la prohibición de contacto o acercamiento a la víctima, la reparación del daño, tareas o servicios comunitarios, reglas de conducta y otras medidas de seguimiento.
También se prevé el monitoreo electrónico en los casos que corresponda.
Estas medidas buscan que el adolescente pueda continuar con su educación y formación y, al mismo tiempo, asumir las consecuencias de sus actos. La ley establece además que determinadas sanciones no pueden impedir u obstaculizar su educación, trabajo, vínculos afectivos importantes o acceso a servicios de salud, salvo cuando sea necesario para proteger a víctimas o testigos.
SI HAY DETENCIÓN, SERÁ EN INSTITUTOS ESPECIALIZADOS
Cuando corresponda una pena privativa de la libertad, el nuevo régimen establece tres modalidades privación de la libertad en el domicilio, en un instituto abierto o en un instituto especializado de detención.
Los adolescentes privados de su libertad deben permanecer separados de las personas adultas y los establecimientos deben contar con personal capacitado.
La detención debe estar orientada a la educación, formación, resocialización y reinserción social, con acceso a herramientas educativas y de capacitación.
LOS PADRES TENDRÁN RESPONSABILIDAD CIVIL
Otro de los cambios destacados por la nueva normativa es que los progenitores de los adolescentes sometidos a proceso penal son civilmente responsables por los ilícitos cometidos por sus hijos, de acuerdo con las disposiciones del Código Civil y Comercial de la Nación.
EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN DURANTE EL PROCESO
El nuevo régimen también contempla medidas complementarias como el asesoramiento y seguimiento de equipos interdisciplinarios, la asistencia a programas educativos, formación ciudadana y capacitación laboral.
La finalidad es que el adolescente pueda continuar sus estudios y adquirir herramientas para su futura inserción laboral y social.
UN CAMBIO EN EL SISTEMA PENAL JUVENIL ARGENTINO
Con la entrada en vigencia de la Ley 27.801, Argentina deja atrás el régimen establecido por la Ley 22.278 y adopta un nuevo esquema de responsabilidad penal para adolescentes de 14 a 18 años.
La norma no establece que todo adolescente de 14 o 15 años deba ir a prisión. Por el contrario, contempla diferentes respuestas según la gravedad del delito, los antecedentes y las circunstancias de cada caso, priorizando las medidas alternativas cuando la legislación lo permite.
La implementación comienza este sábado en todo el territorio nacional y representa uno de los principales cambios de las últimas décadas en materia de responsabilidad penal Juvenil.
FUENTE: Ley N.º 27.801 – Régimen Penal Juvenil, Boletín Oficial de la República Argentina y Argentina.gob.ar.
