El proyecto, impulsado por los legisladores Alberto Casiano Otaegui y Rafael Cavagna, ambos del bloque oficialista Juntos por Entre Ríos, busca prohibir el uso de estos dispositivos por parte de estudiantes de los niveles obligatorios dentro de los establecimientos educativos.
La propuesta fue girada a la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología para su análisis. De aprobarse, la autoridad de aplicación será el Consejo General de Educación, que tendrá a su cargo la reglamentación y supervisión de la norma.
El texto establece excepciones puntuales en las que los alumnos podrán utilizar sus celulares: cuando un docente lo requiera con fines pedagógicos -previa comunicación a las autoridades-, ante situaciones de fuerza mayor debidamente evaluadas, o en otros casos que la autoridad competente considere pertinentes.
En cuanto a las sanciones, el proyecto prevé que serán definidas por la autoridad de aplicación, aunque cada institución educativa podrá establecer sus propios criterios disciplinarios, siempre que sean comunicados previamente tanto a estudiantes como a sus familias.
En los fundamentos, los autores señalan que el uso del celular es hoy una de las principales causas de distracción en el aula y un obstáculo para la socialización durante los recreos. No obstante, reconocen su potencial como herramienta pedagógica, lo que exige un abordaje equilibrado que contemple tanto sus beneficios como sus riesgos.
Entre las problemáticas asociadas al uso de estos dispositivos, el proyecto menciona el acceso a apuestas en línea, el grooming, el ciberacoso y la difusión de imágenes sin consentimiento. También advierte sobre la proliferación de desafíos virales en redes sociales, algunos de los cuales pueden derivar en situaciones peligrosas o violentas dentro del ámbito escolar.
Como antecedente, se citan medidas similares adoptadas en países como Francia, Italia, Suecia y Brasil, entre otros. En Argentina, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ya implementó restricciones al uso de celulares en los niveles inicial, primario y secundario.
Además, se incorporan datos de un informe de Argentinos por la Educación basado en las pruebas PISA 2022, que ubican a Argentina entre los países con mayor proporción de estudiantes que se distraen por el uso de dispositivos digitales, tanto propios como de sus compañeros.
Los autores del proyecto sostienen que, si bien la prohibición no resolverá por sí sola la problemática, podría contribuir a prevenir situaciones de riesgo y mejorar el clima escolar. En ese sentido, consideran necesario avanzar en una regulación clara que brinde a las instituciones educativas herramientas concretas para gestionar el uso de la tecnología en el aula.
(Fuente: AIM Digital)
