Espionaje o Distracción: Las preguntas que rodean al Gobernador Frigerio
Jorge Bravo
Lejos de despejar dudas, el propio relato oficial dejó zonas grises que hoy alimentan sospechas y lecturas críticas en distintos sectores del arco político.
En exclusivo dialogó con "La Última Campana" , el dirigente del justicialismo entrerriano Marcelo Casaretto quien expuso una mirada contundente y cargada de cuestionamientos, luego de las repercusiones que tuvo su análisis publicado en redes sociales. “Repudiamos siempre el espionaje ilegal, no importa quién gobierne. Lo vimos a lo largo de todos los gobiernos y siempre lo condenamos”, aclaró en primer término. Sin embargo, advirtió que el modo en que el gobernador decidió instalar el tema resulta, cuanto menos, llamativo.
¿Por qué ahora?
Uno de los ejes centrales del planteo de Casaretto tiene que ver con los tiempos. Frigerio transita su tercer año al frente del Ejecutivo provincial, con control pleno de la estructura del Estado, las fuerzas de seguridad y los mecanismos de inteligencia. “Si un gobernador asume y tiene dudas sobre la seguridad de su despacho, lo primero que hace es un escaneo inmediato. No tres años después”, remarcó.
Según la información judicial que trascendió, no se encontraron dispositivos activos de retransmisión ni elementos capaces de permitir escuchas remotas, sino restos de tecnología antigua, sin capacidad operativa. “Se habla de dispositivos viejos, de otra época. Eso no prueba espionaje actual”, sostuvo Casaretto, poniendo en duda la gravedad real del hallazgo.
Un relato que mira al pasado
Otro punto que generó fuerte rechazo fue la decisión del gobernador de vincular el episodio con gestiones anteriores, aludiendo a “20 años de gobiernos Oscurantistas”. Para Casaretto, esa lectura no solo es injusta, sino funcional a una estrategia política. “Cuando un gobierno no puede explicar el presente, busca responsables en el pasado”, afirmó.
En ese sentido, recordó antecedentes nacionales donde existieron denuncias graves de espionaje a dirigentes opositores, funcionarios propios e incluso familiares de víctimas del ARA San Juan. “No escuché a Frigerio ni a otros dirigentes de su espacio repudiar con la misma fuerza esas prácticas cuando ocurrieron”, señaló.
La otra agenda que no se discute
Mientras la agenda pública se concentra en el supuesto espionaje, desde el justicialismo advierten que se invisibilizan problemas estructurales de la provincia. Casaretto enumeró algunos salarios estatales congelados desde hace siete meses, una pérdida acumulada del 36% del poder adquisitivo desde el inicio de la gestión Frigerio, y conflictos crecientes en áreas sensibles como salud, seguridad y producción.
“Policías, médicos, enfermeros y trabajadores públicos han perdido más del 16% de su salario solo en los últimos meses”, detalló. A eso se suma la situación crítica de una planta avícola en Concepción del Uruguay, con fuentes laborales en riesgo y sin señales claras de intervención del gobierno provincial.
¿Cortina de humo o estrategia política?
Para Casaretto, la denuncia del gobernador no puede analizarse de manera aislada. “Hay una utilización política del tema. No digo que el espionaje no sea grave, digo que la forma en que se comunica y el momento elegido generan desconfianza”, expresó.
El dirigente también cuestionó lo que definió como una campaña electoral permanente por parte del gobernador. Recordó que Frigerio protagonizó al menos cinco procesos electorales consecutivos y que muchas de las promesas realizadas aún no se tradujeron en hechos concretos. “La provincia no está en campaña, está siendo gobernada. Y esa diferencia parece no estar clara”, subrayó.
una advertencia política
La denuncia de espionaje deberá ser investigada por la Justicia. Pero, en paralelo, el debate político ya está instalado. Cuando un gobierno denuncia sin pruebas concluyentes, cuando siembra sospechas sin certezas y cuando utiliza un hecho de dudosa entidad para correr el foco de una realidad social compleja, la confianza pública se resiente.
Fuente y Redacción - La Última Campana

